Morena pide a la FGR y a la UIF que investigue a Latinus, ya que podría estar financiada con recursos dudosos.

2021-04-09 36

Luego de que se publicara la investigación del periodista Álvaro Delgado, quien asegura que detrás del portal de Latinus, conducido por el periodista, Carlos Loret de Mola y Víctror Trujillo, se encuentra el gobernador de Michocán y otros funcionarios de su administración, la bancada de Morena exige a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a fondo de dónde provienen los recursos para financiar dicho medio de comunicación.

La Diputada de Morena, Reyna Celeste Ascencio Ortega, presentó un punto de acuerdo, publicado en la Gaceta Parlamentaria, donde sugiere que Latinus recibe recursos de procedencia ilícita por parte del Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Cornejo y otros funcionarios de dicha administración.

El primer resolutivo del punto de acuerdo dice así "La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de hacienda y crédito Público para que se investigue la presunta participación del gobernador de Michoacán y funcionarios de esa administración que podrían estar aportando recursos de procedencia ilícita a la plataforma de comunicación conocida como Latinus".

El segundo dice "La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que investigue la presunta participación del gobernador de Michoacán y funcionarios de ese gobierno que presuntamente podrían estar aportando recursos de procedencia ilícita a la plataforma de comunicación conocida como Latinus".

Ya que desde el 2007, señala la legisladora, el mandato constitucional fue muy claro en el sentido de que no se puede acceder a la radio o la televisión con fines electorales, descrito en el artículo 41.

El cual dice "Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Ninguna otra persona, física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio o televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero".

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